Justicia, solo para encarcelar

Opinión

«Si un menor comete un delito de adulto, debe ser juzgado como un adulto.» (J. Milei) La Legislatura provincial finalmente aprobó el Código Procesal de Menores. La primera reflexión que nos viene a la cabeza es que debería significar un avance, en cuanto a que, en 40 años de democracia, la justicia contó con una Normativa Nacional dispuesta por la última dictadura para atender los delitos cometidos por jóvenes que no alcanzan aún la mayoría de edad.


Por Juan Sánchez
Tec en Ps Social
Trabajador de Justicia Penal Juvenil de Santa Fe


Sin entrar aún en detalles, lo que retumba son los argumentos con los que sus autores defendieron su Proyecto de Ley, sobre que el delito juvenil ha crecido de manera exponencial y que por ello se hace necesario proveer de mejores herramientas a la Justicia. En línea con el futuro gobierno nacional, se plantea que quien las hace las paga, tenga la edad que tenga.

Si bien la Justicia juvenil no contó hasta ahora con un Código Penal propio, es necesario explicitar que los menores de 18 que actualmente cometen delitos son juzgados, y créase o no, van presos. Muchos permanecen privados de su libertad desde el momento en que son detenidos, con 16 o 17 años, y continúan bajo prisión preventiva hasta transitar su condena en el sistema penal de adultos. Es decir, si se comprueba que “las hacen”, las pagan.

Hoy en la provincia se atienden cerca de 300 jóvenes bajo medida judicial. El organismo provincial destinado a su abordaje desde lo específico, cuenta con dispositivos en libertad asistida, semi cerrados (las llamadas “granjas” o establecimientos socio educativos) o instituciones de privación de libertad, cuyas instalaciones albergan menos de 90 jóvenes. Cifra que, por otra parte, refleja un exiguo porcentaje de detenidos en todos los penales de la provincia. Y es esto lo que les molesta a ciertos sectores reaccionarios.

Volviendo al Código aprobado, pretende dar un marco similar al sistema de adultos para un tratamiento que debería ser específico, de causas judiciales que pesan sobre jóvenes de entre 16 y 17 años. Y contempla un abordaje tutelar para aquellos delitos atribuibles a quienes no hayan alcanzado la mínima edad de 16 años, proceso que debería finalizar con la exoneración por menor edad, con la atribución de responsabilidad en la causa. Si bien no es explícito, pero éste punto implica en los hechos, la “baja” de edad de punibilidad, ya que, en todo proceso judicial, la determinación de un grado de responsabilidad (léase, autoría), es el último paso, previo a una condena.

Al Poder Ejecutivo le toca el rol de contar con dispositivos que deben ejecutar las medidas judiciales dispuestas y elevar informes para que cada 90 días sean revisadas. Dispositivos hoy existentes y deficientes. Sus trabajadores/as ofrecemos actividades y contención la mayoría de las veces en las peores condiciones, percibiendo remuneraciones que no se equiparan con las tareas “re socializadoras” pretendidas.

Existen deficiencias que los trabajadores del área soportamos en nuestras espaldas, siendo un rol socialmente infravalorado y con escaso rédito político para las distintas gestiones. Coincidimos en que este estado de cosas no puede continuar. Coincidimos que quienes abordamos día tras día la problemática penal juvenil, nos encontramos conduciendo un “auto fundido”, tal como se dijera días atrás en la Cámara de Senadores. Pero creemos que no se alcanzan las raíces del problema con un nuevo Código Penal, dando un (¿mejor?) marco legal a las intervenciones del estado frente al delito juvenil. Esto puede derivar en mayor criminalización de juventudes ya vulnerabilizadas, sí; quizá refuerce el poder punitivo sobre jóvenes cada vez más jóvenes, sí; pero, aunque tal vez nos apresuramos a afirmarlo, no tiende a disminuir los “crecientes indicadores” provinciales en materia penal juvenil.

Entendemos que en la profundidad de la problemática se encuentra la desigualdad reinante en nuestra querida provincia. Donde lo único Invencible es el latifundio terrateniente. Una provincia que produce 1 de cada 4 dólares que se exportan en el país; que desde hace décadas, un puñado de agroexportadoras saquea impunemente, explota nuestros ríos y nos deja miseria y hambre para distribuir. La misma provincia donde ladrones de guante blanco como Vicentín, roban a cara descubierta, estafan a miles de argentinos; pero gozan de la impunidad de quien se codea con el poder.

Ah, pero “quién las hace, las paga”. Donde se habla mucho de narcomenudeo, y se hace poco para acabar de raíz con el poder del narcotráfico; mientras nada se dice acerca de los blanqueadores de dinero manchado de sangre de nuestros pibes y pibas de las barriadas siempre postergadas. Esas juventudes a las que les toca vivir realidades como las de nuestro Gran Santa Fe, que, según el INDEC, en 2023 llegó a ser uno de los conglomerados urbanos con más desocupados (8,1%). Jóvenes que aguardan que algún día la Justicia se acuerde de ellos y ellas cuando se organizan y reclaman por sus derechos, y no sólo cuando se trata de encerrarlos a cada vez más temprana edad. Eso sí, desde ahora, en el marco de un Código procesal moderno y más ágil.